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Boletín de prensa 26 de septiembre de 2011
ÁNGEL DE LA GUARDA
Jaime A. Fajardo Landaeta
El procurador Alejandro Ordóñez anda pregonando que su objetivo es castigar al que se atreva a ir en contra de sus principios morales y religiosos.
Recientemente, el Procurador General, Alejandro Ordóñez, dictó en Medellín una conferencia sobre corrupción y transparencia. Se refirió a su lucha en este campo y anunció que pisaría callos hasta ahora bien ocultos, que sacaría a flote casos emblemáticos de personajes de la clase política, empresarios y contratistas incursos en dichas prácticas. Señaló casos puntuales y estuvo a punto de convencerme de que era el próximo Presidente que el país requiere.
El público lo percibió como un adalid contra la corrupción y por el buen gobierno. Pero al final soltó esta perla: que el problema no es la aplicación severa de la Constitución y la ley, que se impone volver a los principios cristianos, a los valores familiares y tradicionales. Se entendió que en la lucha contra la corrupción no hay ley que valga: hay que atenerse a "sus" valores religiosos.
Así que el máximo responsable de combatir la corrupción y ejercer todas las acciones disciplinarios contra las funcionarios que violen la ley, al igual que hacer cumplir nuestra Carta Política, anda pregonando que su objetivo, cual vocero de la Inquisición, es castigar al que se atreva a ir en contra de unos principios morales y religiosos que, aunque respetamos, en ningún momento deben guiar su accionar disciplinario y del ente de control que él dirige.
A muchos de los participantes en la conferencia nos quedó la impresión de que desde la Procuraduría empieza a hacer carrera una tesis que apunta, a la sombra de los casos emblemáticos de lucha contra la corrupción, a posicionar una teoría fascista, de extrema derecha, que intenta ideologizar y politizar esta importante función pública en contravía de los más elementales derechos humanos y del DIH.
El señor Procurador ha dado muestras de su feroz carrera en contra de la institucionalidad y de la Constitución al hacer un requerimiento a los magistrados Humberto Sierra y Luis Ernesto Vargas, de la Corte Constitucional, por no advertir a las autoridades sobre el caso de una mujer que admitió haber abortado en la clandestinidad porque le negaron una tutela para hacer valer su derecho.
O sea que Ordóñez ha pasado de la pretensión de aplicar sus creencias religiosas y morales en los actos disciplinarios a la persecución en caliente de quienes creen que atentan contra estas. El derecho que por ley le asiste a una mujer de someterse a uno de los tres casos en los cuales se permite el aborto en Colombia, no solo le puede costar su propia vida sino hasta su libertad, si se impone ese criterio antidemocrático. Mientras, busca cercenar el papel de los magistrados de salvaguardias de la Constitución.
El funcionario juró acatar la Constitución y la Ley. Cabe preguntar: ¿quién detendrá este torpedo contra la democracia y el bien común? Se demuestra que los tales casos emblemáticos, así sean ciertos, solo sirven para afianzar sus personales objetivos y que poco puede esperar el país en la lucha contra la corrupción que nos acosa.
EL NUEVO SIGLO
PROYECTO SOBRE ABORTO SERÁ EL PRIMERO MAÑANA EN COMISIÓN I DE SENADO
Será el proyecto que a primera hora se debatirá en la sesión ordinaria de la Comisión Primera del Senado será el que reforma la Constitución para prohibir el aborto en cualquier circunstancia.
Así lo decidió esa célula legislativa a petición de la bancada del Partido Conservador.
Se trata del acto legislativo número 06 de 2011 Senado, “por medio del cual se adiciona el artículo 11 de la Constitución Política, sobre el derecho fundamental a la vida humana”, suscrito por nada menos que 58 congresistas de ambas cámaras y de los partidos Conservador, Social de Unidad Nacional (La U), Alas e Integración Nacional (PIN), así como el respaldo de cinco millones de firmas de ciudadanos.
En el proyecto, y en la ponencia positiva radicada por los senadores Roberto Gerlein y Juan Manuel Corzo, del Partido Conservador, y Manuel Enríquez, de La U, se argumentó que a través de la adición propuesta al texto de la Constitución se busca garantizar a todos los seres humanos igual protección del derecho a la vida, haciendo explícito que este derecho fundamental, presupuesto de todos los demás, debe ser reconocido y respetado por todos los miembros de la sociedad de forma incondicional, y que debe recibir igual protección por parte del Estado durante todo el ciclo de vida del ser humano, independientemente de la etapa de desarrollo en la que se encuentre.
De esta forma, la regulación jurídica de todos los procesos destinados a la eliminación de vidas humanas (tanto del aborto como de la eutanasia, junto a los demás tipos de homicidio voluntario), se reconcilia con los principios y valores fundamentales consagrados en la Constitución Política sobre los cuales se funda el Estado colombiano, a saber: el respeto de la dignidad humana, la solidaridad de las personas que integran la república, la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución Política, la vigencia de un orden justo, la igualdad y la primacía de los derechos inalienables de la persona.
El artículo 11 de la Constitución Política de Colombia quedaría, entonces, redactado así: “El derecho a la vida es inviolable y recibirá igual protección desde la fecundación hasta la muerte natural. No habrá pena de muerte”.
El senador Hernán Andrade, del Partido Conservador, dijo la semana pasada que “primero es lo primero, y primero es el derecho a la vida”; agregó que “nosotros en valores, siendo la justicia un valor importantísimo, consideramos que primero es mejor que no se vaya a ahogar el tema del aborto por discutir antes la reforma a la justicia”.
La reforma, explicó en su momento el senador José Darío Salazar, presidente del Directorio Nacional Conservador, “busca preservar el derecho a la vida como un derecho inviolable desde la fecundación hasta la muerte natural. En la práctica acabar con el aborto en cualquier circunstancia”.
“La vida comienza científicamente desde el momento de la fecundación. Desde ese momento ese ser humano tiene derecho a ser protegido por el Estado. Ese fue el espíritu de la Asamblea Nacional Constituyente, así lo ratificó la Corte Constitucional en varias ocasiones, y así lo ratificó el Congreso de la República, que lo que hizo fue atenuar un poco la pena en el caso de la violación, de la malformación o del riesgo de muerte de la mujer. Pero jamás el Congreso de la República trató de desproteger ese bien jurídico de la vida, desde el momento en que inicia la vida. Y eso es lo que queremos hacer, volver las cosas a su sitio, como lo concibió el Congreso y la Asamblea Nacional Constituyente”, precisó.
Sin embargo, ya existe también una ponencia que pide archivar el proyecto, aunque no se le augura mucho éxito.
La ponencia negativa, suscrita por los senadores Roy Barreras, de La U, y Luis Carlos Avellaneda, del Polo Democrático, expuso, entre otros argumentos, como el Comité de Derechos Humanos de la ONU le recomendó al Estado despenalizar el aborto en casos específicos dado que “la criminalización legislativa de todos los abortos puede llevar a situaciones en las cuales las mujeres tengan que someterse a abortos clandestinos de alto riesgo y en particular le preocupa que las mujeres que hayan sido víctimas de violación o incesto, o cuyas vidas estén en peligro a causa del embarazo, puedan ser procesadas por haber recurrido a tales procedimientos”.
Para los legisladores “aceptar lo contrario a las recomendaciones que el Comité de Derechos Humanos hace al Estado colombiano implicaría un claro retroceso no solo jurídico sino también social, exponiendo a la mujer a situaciones altamente riesgosas e indignas”.